LOS JUICIOS POR VIDEOCONFERENCIA, CONSECUENCIA DE LA COVID-19, NO GENERAN INDEFENSIÓN

La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 21 de septiembre de 2020, establece que la celebración del juicio por videoconferencia no afecta al derecho a la defensa del imputado.

En un caso de robo con violencia y dos delitos leves de lesiones, la defensa del acusado había solicitado la suspensión de la vista, si bien, habiéndose concedido previamente a la defensa letrada una comunicación privada con su defendido, considerando que las condiciones de audio y vídeo de la videoconferencia eran optimas, la Audiencia desestima la suspensión y comprende que no se genera indefensión alguna.

En el recurso de nulidad del juicio, la defensa alega indefensión con motivo de haberse celebrado por videoconferencia el mismo. El citado tribunal desestima dicho recurso y rechaza la petición de repetición del juicio, por considerar que no se ha vulnerado el derecho a la defensa, sino muy en contrario se han cumplido todas las garantías legalmente previstas.

Se debe tener en consideración que La decisión de la juzgadora de celebrar el juicio por videoconferencia tiene apoyo en una norma con rango legal, dictada en una situación excepcional: el artículo 19 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, norma que expresamente dispone que durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática.

Además, la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, no impone siempre y en todo caso, la presencia física de la persona acusada en la Sala de vistas, pues pueden concurrir razones excepcionales que justifiquen su intervención a distancia (v.gr. por videoconferencia), lo que será conforme con las exigencias del proceso justo siempre y cuando tales razones persigan la satisfacción de un interés público relevante debidamente justificado.

En el caso, es notorio y conocido el interés público relevante al estar Barcelona en la fecha del juicio en la denominada «Fase 1» del confinamiento.

Destaca la que el acusado en situación de prisión preventiva desde el día 4 de enero de 2020, tras haberse suspendido, precisamente por razón del Estado de alarma, un señalamiento previo del mes de marzo, lo que aconsejaba impulsar la tramitación del procedimiento para evitar ulteriores demoras.

Y concurren otros datos relevadores de que el juicio se siguió con todas las garantías para el acusado: la jueza de instancia permitió la entrevista previa y reservada del acusado con su Letrada, lo que se verificó a través del sistema de videoconferencia, asegurando la confidencialidad; el medio escogido (la videoconferencia) no garantizaba, por el contrario, por las concretas condiciones en que se produjo, la bidireccionalidad de la comunicación durante todo el proceso, pues no había previsto ningún procedimiento técnico que lo permitiera; y el acusado pudo presenciar el juicio en su integridad, dada la calidad del sistema de videoconferencia instalado, sin ninguna merma ni en la calidad del sonido ni de la imagen, pudiendo intervenir, como así lo hizo, en dos ocasiones, aunque la última intervención lo fuera para renunciar al derecho a la última palabra.

El referido déficit de bidireccionalidad en la comunicación acusado-defensor, no tiene trascendencia anulatoria al no ser un déficit estructural que comprometa irreversiblemente el derecho de defensa, y porque en el caso, la línea de defensa escogida, y el acusado así lo manifestó en su declaración, se basó en la falta de recuerdo de lo sucedido.

Ello sin olvidar que el acusado también pudo hacer uso de la última palabra, y renunció a tal derecho, manifestando que no tenía nada que añadir, lo que enerva toda duda de que en la instancia se prohibiera por la Jueza la comunicación confidencial durante la celebración de la vista, pues ni el acusado ni su defensora realizaron solicitud alguna a fin de que se les permitiera comunicarse.